Trabajar después de jubilarse, una necesidad más que una elección

(Viernes 13 de febrero de 2026) Lejos de una vejez activa asociada a la autonomía y la buena salud, cada vez más personas mayores en Argentina continúan trabajando para compensar ingresos insuficientes. La llamada “economía plateada”, pensada como una oportunidad de desarrollo, no parece hoy una política posible.

.....................................................Informe COLSECOR

Cada vez más jubilados y jubiladas en Argentina permanecen activos en el mercado laboral luego de alcanzar la edad de retiro. Las estadísticas disponibles (aun con limitaciones de cobertura y actualización) muestran una tendencia sostenida: hacia 2024, alrededor del 17% de las personas mayores de 60 años se encontraba ocupada. Sin embargo, en lugar de responder a una elección vinculada al deseo de mantenerse activos, la permanencia en el trabajo aparece, en la mayoría de los casos, como una estrategia de supervivencia frente a ingresos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Este informe de Fundación COLSECOR pone el foco en una problemática estructural que combina envejecimiento poblacional, informalidad laboral y deterioro del sistema de protección social. ¿En qué condiciones trabajan hoy las personas mayores? ¿Qué trayectorias laborales explican esta realidad? ¿Y en qué sectores logran insertarse? ¿Por qué los especialistas advierten que la llamada “economía plateada” resulta difícil de consolidar en la Argentina actual? Estas son algunas preguntas disparadoras para el debate público sobre los derechos de quienes envejecen en condiciones de creciente vulnerabilidad.

El panorama en Argentina

En Argentina, desde mediados del siglo XX la población está en un proceso de envejecimiento, según Naciones Unidas (2022). Esto se vincula con la caída en la tasa de fertilidad y en el aumento de la esperanza de vida al nacer. En la misma línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que las personas mayores representaban el 14,2% de la población regional en 2024 y proyecta que alcanzarán cerca del 25% en 2050.

En este contexto, se encuentran dos principales factores que llevan a personas mayores a salir a trabajar. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), su director Agustín Salvia habló con Fundación COLSECOR sobre este tema y diferenció los dos principales factores que explican este escenario: “el primero tiene que ver con las capacidades de desarrollo vital que no están siendo canalizadas socialmente de otra manera, por lo cual el trabajo es una forma importante de realización. En ese sector hay un patrón común, donde no importa cuál es el nivel de ingreso que te deje la jubilación o del sector sociocultural del cual vengas y es que todavía entre los 60, 70, 75 años se mantiene una vida activa importante”.

Ahora bien, “en contexto donde los haberes jubilatorios son muy bajos, este aumento de la continuidad o de la búsqueda de trabajo, changas u otro tipo de actividad se ve incrementada”, explica Salvia. Y agrega que eso se está observando especialmente en los segmentos de jubilados y pensionados, de la mínima y en quiénes no tienen redes familiares de contención, es decir, “cuando el grupo familiar no logra ayudar con los ingresos del adulto mayor”.

La jubilación mínima en Argentina se ubicaba a comienzos de 2026 en torno a los 359.254 pesos mensuales. Incluso con el bono extraordinario de 70.000 pesos (congelado desde hace más de un año), el ingreso previsional no alcanza a cubrir la Canasta Básica Alimentaria que calcula el INDEC, que en diciembre de 2025 superaba los 423.000 pesos para un adulto. La brecha se vuelve aún más evidente al comparar los haberes previsionales con la Canasta Básica del Jubilado, elaborada semestralmente por la Defensoría de la Tercera Edad, porque incluye medicamentos, insumos de farmacia y vivienda adaptada para esa población.

Los sectores donde se insertan

En ODSA (UCA) presentan desde el año 2017 informes anuales de la deuda social con las personas mayores (serie Agenda para la Equidad). Más allá las y los profesionales con alta calificación que siguen activos en el mercado laboral, ¿en qué sectores observan desde la UCA que se insertan laboralmente las y los jubilados a seguir trabajando?

“Generalmente esas personas mayores continúan en el negocio de los hijos, forman parte del negocio, por ejemplo, en comercios. El conjunto de servicios para varones o mujeres de acuerdo a la división sexual del trabajo está fuertemente desarrollado”.

“En algunos casos las mujeres, sobre todo en sectores populares, apoyan tareas de servicio de cuidado paga o de limpieza. También operan para muchos varones de sectores populares seguir desempeñándose en actividades muy costosas desde el punto de vista físico como la albañilería o sector mantenimiento, de servicios, de reparación”, indicó Salvia a Fundación COLSECOR.

“El trabajo asalariado está mucho menos demandado, por lo tanto, ahí hay poco espacio. Sin embargo, se encuentran personas mayores trabajando en lavaderos a nivel asalariado, precario, obviamente, o en restaurantes, en tareas de apoyo”, agrega el director de ODSA (UCA), sociólogo e investigador UBA-CONICET.

La herencia de la informalidad

Las condiciones de vida en la vejez están fuertemente determinadas por las trayectorias laborales previas. En Argentina, la informalidad estructural del mercado de trabajo y las desigualdades educativas se traducen, décadas más tarde, en jubilaciones insuficientes o directamente en la exclusión del sistema previsional.

Una proporción significativa de las personas mayores que continúa trabajando accedió a la jubilación a través de moratorias, con pocos años de aportes (en especial en el caso de las mujeres) o con trayectorias mayormente informales, predominantes entre los varones. En ese marco, muchos jubilados se insertan en actividades por cuenta propia o informales, ya que el sistema previsional y laboral no incentiva la formalización: para los empleadores, contratar a una persona jubilada implica costos elevados, lo que deriva en vínculos laborales precarios o encubiertos.

A futuro se trata de un escenario más complejo aún, ante la combinación de envejecimiento poblacional, persistencia de la informalidad, brechas de género y cambios recientes en el esquema previsional. Todo ese combo podría reducir significativamente, en los próximos años, el porcentaje de personas que logren acceder a una jubilación contributiva completa. Múltiples trabajos académicos e institucionales coinciden en que las desigualdades en la educación y en el mercado laboral perpetúan inequidades que se verán reflejadas en la vejez.

Según datos del INDEC, hacia fines de 2024 la tasa de empleo en la población mayor de 60 años alcanzaba el 17,1%, mientras que la tasa de actividad (que incluye a quienes buscan trabajo) se acercaba al 34%. Un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG) muestra que, desde 2017, los picos en la tasa de empleo de personas mayores coinciden con períodos de fuerte deterioro del poder adquisitivo de la jubilación mínima. En el cuarto trimestre de 2024, el grupo de personas de 66 años o más fue el que más incrementó su participación laboral: de los 78.500 nuevos ocupados registrados en la comparación interanual, 42.000 eran jubilados.

A este escenario se suma el impacto que tendría de aprobarse las reformas laborales y previsionales. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que iniciativas como el Fondo de Asistencia Laboral (financiado con aportes a la seguridad social) podrían desfinanciar el sistema previsional y trasladar mayores riesgos a los trabajadores. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre 2023 y 2025 se perdieron alrededor de 180.000 empleos registrados, principalmente en la industria, profundizando la fragilidad de las trayectorias laborales futuras.

¿Economía plateada?

El concepto de “economía plateada” (silver economy) propone pensar a las personas mayores como sujetos activos: trabajadores, emprendedores, consumidores y actores sociales con capacidad de generar valor económico y social. Sin embargo, en economías con alta informalidad estructural, como la argentina, el envejecimiento poblacional no se traduce automáticamente en nuevas oportunidades productivas, sino que expone las debilidades acumuladas del mercado de trabajo y del sistema previsional.

Para que la economía plateada se desarrolle, es necesario que exista una población envejecida con ahorros, ingresos suficientes o un sistema de seguridad social robusto que garantice jubilaciones adecuadas, cobertura de salud y acceso a cuidados. Cuando estas condiciones no están dadas, el potencial consumo y la participación activa de las personas mayores en el trabajo se ven severamente limitados.

En un estudio reciente, los investigadores del CONICET Milva Geri y Fernando Manzano advierten que en Argentina persiste una mirada negativa y asistencialista sobre el envejecimiento, y que la pérdida sostenida del poder adquisitivo de las jubilaciones dificulta la adopción del paradigma de la economía plateada, tal como se lo concibe en países europeos. A ello se suman políticas de reducción del gasto público que, a largo plazo, pueden profundizar el deterioro de los ingresos y de la cobertura en salud, afectando especialmente a quienes dependen exclusivamente de jubilaciones y pensiones estatales.

Desde una perspectiva de género, el panorama resulta aún más crítico. Los cambios de las condiciones de acceso a la jubilación (es decir, el fin de las moratorias para quienes no llegaban a completar los 30 años de aporte requeridos) afectará a muchos trabajadores, pero especialmente a las mujeres, cuyas trayectorias laborales suelen estar atravesadas por interrupciones, informalidad y tareas de cuidado no remuneradas. En ese escenario, cada año alrededor de 200.000 personas (principalmente mujeres) quedarían sin posibilidad de jubilarse bajo las condiciones actuales.

En suma, la distinción entre “vejez activa” y trabajo por necesidad resulta clave. Organismos internacionales como la OIT y la CEPAL definen el envejecimiento activo como un proceso que amplía oportunidades de participación social, económica y cultural, basado en la autonomía, la salud y el ejercicio de derechos. En contraste, cuando las personas mayores trabajan para compensar ingresos insuficientes, no se trata de una elección libre sino de una estrategia defensiva frente a la precariedad. En estos casos, el trabajo no mejora la calidad de vida ni promueve la inclusión social, sino que expone a mayores riesgos físicos, económicos y sanitarios, especialmente en actividades informales o de baja protección.

Desafíos ante una tendencia creciente: el envejecimiento poblacional

En la mayoría de los países, el envejecimiento poblacional plantea desafíos urgentes para el sistema previsional, el mercado de trabajo y las políticas públicas. En Argentina se suman las características estructurales y de coyuntura actual ya mencionadas. El sistema previsional argentino es uno de los más antiguos del mundo y se destaca por su amplia cobertura: el 95% de los mayores de 65 años recibe algún beneficio previsional. Sin embargo, esta extensión se sostiene sobre un gasto público que equivale al 10% del PBI, una carga fiscal que aumenta en un contexto de envejecimiento poblacional. Además, el esquema actual presenta profundas inequidades, como la exigencia de 30 años de aportes para acceder a una jubilación completa, una regla que deja fuera a gran parte de los trabajadores y motivó el uso de moratorias.

En esa línea, Amnistía Internacional advierte que el fin de las moratorias previsionales, sin la creación de un sistema alternativo que contemple trayectorias laborales desiguales, implica un retroceso en el derecho a la seguridad social de las personas mayores. Según la entidad, esta decisión afecta de manera desproporcionada a mujeres y trabajadores informales, consolidando un esquema que reduce la cobertura previsional y profundiza la vulnerabilidad económica en la vejez.

Teniendo en cuenta ese escenario, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) advierten que el sistema previsional argentino enfrenta tensiones crecientes entre cobertura y sostenibilidad, pero el ajuste no debe estar en la franja más vulnerable. En ese marco, en este documento proponen reordenar el esquema vigente para proteger mejor a los sectores más desprotegidos sin incrementar los recursos totales, priorizando criterios de equidad y eficiencia.-

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El desafío no es solo fiscal, sino social y político. Garantizar una vejez con derechos implica repensar las políticas laborales, y de cuidado a lo largo de todo el ciclo de vida. De lo contrario, trabajar después de jubilarse dejará de ser una excepción para convertirse en la norma. Vale recordar que los cuidados a largo plazo son considerados Derechos Humanos para los países de América Latina y el Caribe, a partir de 2015 con la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores. Argentina ratificó la convención en el año 2017 y le dio jerarquía constitucional en el 2022.